"Las
niñas se fueron de sus casas por razones de deserción escolar, de búsqueda de
mejores horizontes o de incomunicación con sus padres."
Entre
1998 y 2001, la comuna de Alto Hospicio, en el norte de Chile, se convirtió en
el escenario de uno de los capítulos más atroces de nuestra historia reciente.
Catorce jóvenes —la gran mayoría adolescentes, habitantes de tomas de terreno,
en situación de pobreza— fueron secuestradas, violadas, asesinadas y hechas
desaparecer por Julio Pérez Silva, un taxista informal de la zona. Sin embargo,
durante años, el asesino no fue el único que borró sus huellas: el Estado, la
justicia y los medios de comunicación se encargaron de desaparecerlas
socialmente mucho antes de que se encontraran sus cuerpos.
El
caso de "las niñas de Alto Hospicio" no es solo la crónica de un
asesino en serie; es el reflejo de una violencia estructural donde el prejuicio
de clase y el machismo institucional operaron como los mejores aliados de la
impunidad.
La construcción del mito oficial: "se fueron
por su propia voluntad"
Cuando
las familias de las jóvenes —familias obreras, esforzadas, precarizadas en una
comuna desértica y postergada— acudieron a las instituciones a denunciar las
desapariciones, la respuesta oficial fue un portazo en la cara. Las autoridades
de la época instalaron una narrativa tan violenta como el crimen mismo: las
niñas no estaban en peligro, simplemente se habían escapado de sus realidades o
se dedicaban al comercio sexual.
El
entonces intendente de Tarapacá, Jorge Tapia, lo planteó públicamente así:
"Todas
ellas han tenido serios problemas familiares, no quieren volver a sus hogares.
Es el momento de decirle que deben volver y que nosotros vamos a darle todo el
apoyo de distintos niveles de instituciones que pueden ayudarle a salir de
distintos problemas que pueden tener."
Y
el entonces subsecretario del Interior, Jorge Burgos, fue igual de categórico
ante la prensa:
"Al
menos dos casos demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono,
producto de situaciones personales que tienen que ver con mala relación con los
padres, algunos casos de violencia intrafamiliar... Los antecedentes indicarían
que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones
forzadas."
Mientras
el poder político emitía estas declaraciones para aplacar la alarma pública, el
asesino seguía libre, amparado por un sistema que prefería culpar a la
"disfuncionalidad" de los hogares pobres antes que levantar una
búsqueda real. Carabineros incluso envió delegaciones a Tacna, Perú, a buscar a
las jóvenes en prostíbulos y cabarets. No encontraron ninguna huella, porque
nunca estuvieron ahí.
El concepto de la "víctima ideal"
El
sociólogo y criminólogo noruego Nils Christie desarrolló en 1986 un concepto
que explica con precisión quirúrgica lo que ocurrió en Alto Hospicio: el de la víctima ideal, aquel
estatus social que se otorga rápida y legítimamente a quien sufre un delito, y
que Christie compara con categorías como "héroe" o
"traidor". Para que una persona sea reconocida socialmente como
víctima —más allá del hecho fáctico de haber sufrido un delito— debe cumplir
con ciertos parámetros: ser percibida como inocente, respetable, y estar en una
posición débil pero con la fuerza social suficiente para ser escuchada.
Las
jóvenes de Alto Hospicio no cumplían ese perfil no por algo que hubieran hecho,
sino por su origen: pobres, habitantes de tomas de terreno, mujeres,
adolescentes. Como explica la investigadora Beatriz Sánchez, no es lo mismo ser víctima que ser reconocida como víctima.
Para adquirir ese estatus social hay que pasar filtros de reconocimiento que,
en este caso, el sistema completo —policial, judicial, político y mediático— se
negó a otorgarles.
Los testimonios que lo confirman
Patricia
Jabre, madre de Macarena Sánchez, recordaría después haber sido humillada por
Carabineros e Investigaciones, quienes insistían en que su hija se había ido
voluntariamente de la casa. El caso de la madre de Katherine Arce es todavía
más brutal: relató que el suboficial Héctor Arriagada le dijo que no se
preocupara, "porque mi hija
era bonita, iba a ir a ganar plata fácilmente e iba a estar bien, porque ella,
en la situación que vivía, ella necesitaba vestirse bien y todo, porque era
señorita".
Años
después, el propio cabo de Carabineros Gerhard Schrandt Ferrada, que participó
en la investigación, reconocería la negligencia institucional sin rodeos: "Hubo desinterés del Alto Mando, que
no dispuso un grupo de investigación serio, al tiro. Tampoco se fiscalizaban las calles principales (...)
Nunca se les creyó, no se les dio importancia, porque eran pobres".
Fueron
los propios padres y madres —entre ellos, los de Macarena Sánchez y Viviana
Garay— quienes, decepcionados por la nula respuesta policial, comenzaron su
propia investigación paralela: elaboraron mapas artesanales cruzando los
lugares de estudio y residencia de las desaparecidas, viajaron a Santiago a
golpear puertas en La Moneda, el Consejo de Defensa del Estado y la Corte
Suprema, y se manifestaron frente a la intendencia. La policía, en algún punto,
llegó a investigarlos a ellos mismos, buscando antecedentes para inculparlos.
Nombrarlas para hacer justicia histórica
El
horror salió a la luz recién el 3 de octubre de 2001, no por la eficacia
policial, sino porque Bárbara Núñez, de 13 años, sobrevivió al ataque de Pérez
Silva: la amarró de pies y manos y la dejó caer a un pique minero de diecisiete
metros, convencido de que moriría con el paso de las horas. Ella logró salir
por sus propios medios y llegar hasta la carretera, donde fue auxiliada. Un
detalle que ella recordó —unas figurillas de "Bananas en Pijamas"
colgando del espejo retrovisor del auto— permitió a Carabineros identificar y
detener a Pérez Silva dos días después.
Solo
entonces, tras su confesión, comenzó la macabra tarea de ubicar los cuerpos.
Los restos de Graciela Saravia y Sara Gómez habían sido hallados poco después
de sus homicidios; los del resto de las víctimas fueron apareciendo entre
octubre de 2001 y julio de 2002.
Contra el olvido, contra el estigma mediático y contra las declaraciones que las acusaron de abandonar sus hogares, reivindicamos la memoria y los nombres de las catorce víctimas de Alto Hospicio:
- Graciela
Montserrat Saravia Tapia, 17 años — 16 de septiembre de 1998
- Ornella
Dayana Linares Cepeda, 14 años — 5 de abril de 1999
- Ivón
Alexandra Carrillo Lefno, 15 años — 7 de agosto de 1999
- Gisela
Ivonne Melgarejo Navarro, 34 años — 2 de febrero de 2000
- Sara
Marisol Gómez Cuevas, 18 años — 21 de febrero de 2000
- Angélica
Lily Lay Alcayaga, 23 años — 24 de febrero de 2000
- Laura
Andrea Zola Henríquez, 14 años — 23 de marzo de 2000
- Katherine
Elizabeth Arce Rivera, 16 años — 5 de abril de 2000
- Patricia
Edith Palma Valdivia, 17 años — 22 de mayo de 2000
- Macarena
Cecilia Montecino Iglesias, 15 años — 30 de junio de 2000
- Viviana
Melisa Garay Moena, 16 años — 30 de junio de 2000
- Macarena
del Carmen Sánchez Jabre, 13 años — 23 de noviembre de 2000
- Deysi
Sara Castro Mamani, 16 años — 22 de mayo de 2001
- Angélica
Miryam Palape Castro, 47 años — 23 de agosto de 2001
Justicia aporofóbica y patriarcal
Esta
negligencia no fue un error administrativo; fue una decisión política e
institucional guiada por el prejuicio de clase y de género. Si catorce
adolescentes de los barrios más acomodados de Santiago hubiesen desaparecido en
un lapso de tres años, el país se habría paralizado. Pero en Alto Hospicio, el
peso de su vulnerabilidad social las volvió prescindibles para un sistema
judicial ciego ante el dolor de la periferia.
Julio
Pérez Silva fue finalmente condenado el 26 de febrero de 2004 a presidio
perpetuo simple por 14 homicidios, dos violaciones y un homicidio frustrado
—condena que la Corte Suprema elevó a presidio perpetuo calificado en 2006—.
Recién podrá optar a beneficios carcelarios en 2041. El entonces general
director de Carabineros reconoció públicamente "algunas
equivocaciones", pero nunca hubo responsabilidades políticas ni judiciales
para quienes construyeron y sostuvieron durante tres años la hipótesis de la
fuga voluntaria.
Memoria feminista
Escribir
hoy sobre Alto Hospicio desde un espacio feminista es un acto de justicia
histórica. Es recordar que el sesgo de clase mata, que el machismo
institucional destruye dignidades, y que la justicia, si solo atiende a quienes
tienen poder o encajan en el molde de la "víctima ideal", no es
justicia: es un privilegio.
A
las niñas de Alto Hospicio no las olvidamos. Su recuerdo permanece vivo para
exigir que nunca más el origen social de una mujer sea la excusa del Estado
para abandonarla a la violencia más extrema.
📚 Bibliografía:
- Bock,
Karin (2018). Reinas de la Pampa.
Territorio de reinscripción para catorce feminicidios. Memoria
de Magíster en Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
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(coord.). Vida social, un lenguaje
para interpretar. Buenos Aires, Editores del Puerto.
- Errázuriz,
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Ediciones Universidad Diego Portales.
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Hospicio al hallazgo de cuerpos en un pique". The Clinic.
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- Silva,
Jimena y Chávez, Loreto (2018). "Testimonios familiares de las
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Chile". Confluencia,
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- Zúñiga,
Diego (29 de septiembre de 2011). "Las madres de Alto Hospicio".
Qué Pasa, La Tercera.
🔗 Enlaces
de interés:
- El
Desconcierto — Alto Hospicio: las heridas que no cierran
- TVN — Réquiem de Chile: Caso Alto
Hospicio (documental completo)
- The
Clinic — Del arresto del sicópata al hallazgo de cuerpos en un pique