Cada 28 de septiembre, organizaciones de todo el mundo conmemoran el Día
de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. No es una fecha para
debatir dogmas, sino para recordar un hecho que la evidencia médica documenta
desde hace décadas: negar el acceso al aborto no elimina el aborto, solo lo
vuelve peligroso.
Lo que dice la evidencia, no la creencia
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se practican cerca
de 73 millones de abortos en el mundo. La atención integral del aborto
está incluida, desde 2020, en la lista de intervenciones esenciales de salud de
la propia OMS, que lo describe como una intervención sencilla que puede
practicarse de forma segura y eficaz por una amplia variedad de trabajadores de
la salud, ya sea farmacológica o quirúrgicamente.
El problema nunca ha sido el procedimiento en sí, sino las condiciones
en que se realiza cuando se le criminaliza. Entre el 8% y el 18% de las muertes
maternas en el mundo están relacionadas con abortos practicados en condiciones
inseguras —es decir, sin el personal ni los estándares médicos mínimos—, y ese
porcentaje sube dramáticamente en los países donde el aborto es ilegal o de
difícil acceso. La OMS es categórica: la falta de acceso a una asistencia
segura, oportuna, asequible y respetuosa para el aborto es un problema de
salud pública y de derechos humanos, no una cuestión moral abierta a
interpretación religiosa.
Cuando el aborto se discute como pecado en vez de como procedimiento médico, quienes pagan el costo no son las instituciones que lo prohíben, sino los cuerpos de las mujeres y niñas que igual necesitarán interrumpir un embarazo, con o sin ley que las respalde.
Chile: de la prohibición absoluta a las tres causales
Chile tuvo aborto terapéutico legal desde 1931. La dictadura cívico-militar
lo prohibió por completo en 1989, en uno de los últimos actos del régimen antes
de dejar el poder, dejando al país durante 28 años con una de las legislaciones
más restrictivas del mundo —lo que no impidió que las mujeres siguieran abortando:
se estima que en 1990 se practicaron entre 160.000 y 200.000 abortos
clandestinos en el país.
Recién en 2017, tras casi tres años de discusión legislativa y un fallo
del Tribunal Constitucional que rechazó los requerimientos de
inconstitucionalidad presentados por la oposición de la época, se promulgó la Ley
N° 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres
causales específicas:
- Riesgo vital para la mujer: cuando el embarazo pone en peligro su vida. No tiene límite de
edad gestacional.
- Inviabilidad fetal: cuando el embrión o feto padece una patología incompatible con la
vida fuera del útero, confirmada por dos diagnósticos médicos
especialistas por escrito.
- Violación: en
mujeres mayores de 14 años, dentro de las primeras 12 semanas de
gestación; en niñas menores de 14 años, dentro de las primeras 14 semanas.
En ningún caso la ley obliga: es la propia mujer quien decide si se
acoge o no a la causal que le corresponde.
Lo que muestran ocho años de ley
Las cifras oficiales del Ministerio de Salud permiten desmentir varios
de los augurios que se usaron para intentar frenar la ley en 2017. A siete años
de su entrada en vigencia, se habían registrado 5.370 casos a nivel nacional, y
en el 85% de ellos la mujer decidió efectivamente interrumpir su embarazo.
Contrario a lo que advertían sectores conservadores —que sostenían que la
causal de violación se transformaría en una puerta trasera al "aborto
libre"—, esta ha sido sistemáticamente la causal menos invocada en
los ocho años de vigencia de la ley; la causal de inviabilidad fetal ha sido,
históricamente, la más utilizada.
Sin embargo, hay una tendencia reciente que preocupa: un estudio de la
Universidad Alberto Hurtado identificó un aumento explosivo de la causal de
violación desde 2022, llegando a representar el 36,3% de los casos en 2024 —una
cifra que los investigadores correlacionan con el aumento de la violencia
sexual, especialmente contra menores de edad. Esto no es un fracaso de la ley:
es la ley funcionando como red de contención frente a un problema de violencia
que existe con o sin legislación de aborto.
Persisten,
eso sí, brechas reales de acceso: distintos estudios estiman que hasta un 70%
de la población chilena desconoce o conoce solo parcialmente los protocolos
para acceder a la ley, y la objeción de conciencia de profesionales e
instituciones sigue siendo, en la práctica, una barrera de acceso en varias
regiones del país.
Un tema médico, no un tema de fe
La discusión pública sobre el aborto en Chile —y en gran parte de
América Latina— se sigue librando muchas veces en términos religiosos: pecado,
vida desde la concepción, objeción de conciencia institucional. Pero la
evidencia acumulada por organismos de salud durante décadas apunta en una sola
dirección: el aborto es, antes que cualquier otra cosa, un procedimiento
médico, y tratarlo como un problema moral no reduce su ocurrencia, solo
determina si se realiza en condiciones seguras o en la clandestinidad.
Como plantea la propia Organización Mundial de la Salud, prevenir las
muertes maternas evitables exige que todas las mujeres, incluidas las
adolescentes, tengan acceso a anticonceptivos, a servicios de aborto seguro
dentro de los márgenes que permite la ley, y a atención de calidad después del
procedimiento. Eso no es una posición ideológica: es política pública basada en
evidencia.
Un aborto
seguro salva vidas. Uno clandestino, las pone en riesgo. Esa diferencia no la
determina la fe de quien legisla, sino el acceso real a la salud.
📚 Fuentes
- Organización Mundial de la Salud (OMS). "Aborto" (ficha
informativa, actualizada 2025).
- Organización Mundial de la Salud (OMS). "Mortalidad
materna" (ficha informativa).
- Ministerio de Salud de Chile. "Ley N° 21.030 — Información
para la ciudadanía".
- Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile. "Siete
años de la Ley IVE: 85% de las mujeres y niñas en alguna de las tres
causales han decidido interrumpir su embarazo".
- CIPER Chile (enero 2025). "La violación es la causal menos
invocada para la interrupción del embarazo en siete años de vigencia de la
ley".
- Crespo, F. A. (2026). "Interrupción voluntaria del embarazo
con tres causales, evolución y proyecciones". Observatorio
Económico, Universidad Alberto Hurtado.
- Wikipedia. "Aborto en Chile" y "Aborto
inseguro".
🔗 Enlaces de
interés
- Ministerio de Salud de Chile — Ley N° 21.030:
información oficial y detallada sobre las tres causales y cómo acceder a
ellas.
- OMS — Ficha informativa sobre el aborto
- CIPER Chile — Estadísticas de siete años de la Ley
21.030
- Biblioteca del Congreso Nacional — Texto completo de la
Ley 21.030
