Femicidio y feminicidio: ¿son lo mismo?

 

Se usan todo el tiempo como sinónimos, incluso en medios y en la propia conversación feminista. Pero femicidio y feminicidio no nacieron para decir exactamente lo mismo, y entender la diferencia no es un capricho académico: es entender qué estamos exigiéndole al Estado cuando usamos una u otra palabra.

El origen: un tribunal en Bruselas, 1976

El término "femicide" en inglés ya existía desde 1801 —apareció en un libro satírico londinense de John Corry— y la escritora estadounidense Carol Orlock lo acuñó de forma independiente para una antología que nunca llegó a publicar. Pero fue la socióloga sudafricana-estadounidense Diana Russell quien lo politizó y lo instaló en el debate público: lo usó por primera vez en voz alta en marzo de 1976, al testimoniar ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, celebrado en Bruselas, un tribunal popular que ella misma organizó junto a la activista belga Nicole Van de Ven, inspirado en los tribunales de opinión sobre crímenes de guerra de Bertrand Russell. Al evento asistieron cerca de 2.000 mujeres de 40 países, y Simone de Beauvoir lo definió en su discurso inaugural como "el comienzo de la descolonización radical de las mujeres".

Russell definió el femicidio como "el asesinato de mujeres por hombres, por el hecho de ser mujeres" —un término que, según ella misma explicó después, politiza los asesinatos misóginos de la misma forma en que la palabra "genocidio" politiza los actos de exterminio dirigidos a destruir a un pueblo—. En 1992 coeditó, junto a Jill Radford, el primer libro dedicado íntegramente al tema: Femicide: The Politics of Woman Killing. Ese libro fue, según la propia Russell, lo que inspiró directamente a la congresista y antropóloga mexicana Marcela Lagarde a organizar la lucha contra el femicidio en su país, difundiendo el concepto y las movilizaciones por toda América Latina.

La bisagra: Marcela Lagarde y la responsabilidad del Estado

Aquí está la diferencia que de verdad importa. Marcela Lagarde utilizó deliberadamente la palabra feminicidio —y no femicidio— al traducir y adaptar el concepto de Russell al español, para subrayar algo que el término original no capturaba del todo: que estos crímenes no son solo asesinatos misóginos, sino que además permanecen en la impunidad, sostenidos por la negligencia o la complicidad del propio Estado.

Es un dato poco conocido, pero revelador de que esta no es una diferencia menor ni consensuada: la propia Diana Russell manifestó públicamente su incomodidad con esa decisión de traducción. Para ella, fragmentar el término en dos palabras distintas en español diluía el concepto político unificado que había pasado años difundiendo, y lamentó que se usara "feminicidio" en vez de "femicidio" en el mundo hispanohablante. Es decir: el propio debate sobre cuál palabra usar nació, en parte, de un desacuerdo real entre las dos pensadoras que más hicieron por instalar el concepto.

Para Lagarde y muchas otras activistas, el feminicidio es un "crimen de Estado": la responsabilidad estatal está en el centro de la denuncia, no es un agravante accesorio. Esa distinción fue central en los casos paradigmáticos de feminicidios en Ciudad Juárez, México, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la consagró judicialmente en la sentencia del caso Campo Algodonero, que condenó al Estado mexicano precisamente por no cumplir sus obligaciones de prevención, investigación y sanción frente a estos crímenes.

En la misma línea, el Departamento de Educación de la UFM resume así la distinción:

Femicidio: asesinatos de mujeres considerados homicidio, sin destacar necesariamente las relaciones de género ni las acciones u omisiones del Estado.

Feminicidio: asesinatos de mujeres por su condición de género, que toman en cuenta las relaciones de poder desiguales entre los sexos y se vinculan con la participación del Estado, por acción o por omisión, derivada de la impunidad existente.

Una red feminista que llegó antes que las leyes

América Latina no solo acuñó el concepto: también construyó, antes que casi cualquier otra región del mundo, la institucionalidad para enfrentarlo. Las organizaciones feministas crearon una red contra la violencia hacia las mujeres a nivel latinoamericano y caribeño ya en 1990. En 1994 se adoptó la Convención de Belém do Pará, el primer tratado internacional específico sobre violencia contra las mujeres —más de 15 años antes de que Europa adoptara un instrumento similar—. Y en 2001 se lanzó la primera campaña continental, "Por la vida de las mujeres: Ni una muerta más", que puso el foco público en estos asesinatos y dio pie a investigaciones y estudios en toda la región.

Ese trabajo acumulado llevó a que, hoy, casi una veintena de países latinoamericanos tipifiquen el femicidio o feminicidio como delito específico en su legislación penal.

Cómo aterrizó en la ley chilena

Chile es un buen caso para ver esta tensión conceptual hecha carne en una legislación concreta. El proyecto de ley que tipificó el femicidio en el país (Boletín 4937-18, 2007) no incorporó la definición amplia y política de Lagarde, sino una versión mucho más acotada: modificó el artículo 390 del Código Penal, que sanciona el parricidio, para que la misma pena se aplique a quien mate a su cónyuge o conviviente, o a la persona con la que tiene un hijo en común, calificando el delito como femicidio cuando la víctima es mujer.

Esa definición —la que en la literatura especializada se conoce como "femicidio íntimo"— dejó fuera deliberadamente otras formas de violencia: se excluyeron las relaciones de pareja sin convivencia ni hijos en común (como los pololeos), y se descartó además una propuesta paralela para reducir la sanción penal a mujeres que mataran a sus agresores tras años de sufrir violencia. El resultado es una ley que, aunque nombrada "femicidio", en la práctica circunscribe el problema al ámbito de la violencia intrafamiliar, dejando fuera la violencia de género que ocurre en el espacio público, laboral o institucional —exactamente el tipo de reducción que la noción amplia de feminicidio buscaba combatir.

Los propios registros estatales reflejan esa definición acotada: según cifras de SERNAM, en 2008 se contabilizaron 59 femicidios en Chile y 55 en 2009, siempre dentro de ese marco estrictamente "íntimo".

La paradoja de haberlo convertido en ley

Aquí es donde la jurista chilena Patsilí Toledo Vásquez plantea una crítica incómoda pero necesaria: al convertir el feminicidio en un delito penal común —cometido por determinados agresores sobre ciertas víctimas—, muchas de estas leyes terminaron eliminando cualquier referencia a la responsabilidad o negligencia estatal que el concepto original de Lagarde quería denunciar.

Cuando el feminicidio deja de entenderse como una acusación al Estado y pasa a entenderse simplemente como un asesinato de mujeres por razones de género —es decir, se vuelve sinónimo llano de femicidio—, pierde justamente el filo político que lo distinguía. Para los Estados que la justicia internacional ha señalado como responsables de sostener la impunidad —México y buena parte de Centroamérica, entre ellos—, tipificar el feminicidio como "delito común" permite desplazar el foco de atención desde su propia responsabilidad hacia el agresor individual, como si el Estado no tuviera nada que ver.

En Europa, el debate tomó caminos distintos: Reino Unido y Alemania usan la expresión original de Russell, femicide, mientras que Italia y España adoptaron el término "feminicidio", en buena medida por la visibilidad internacional de los crímenes en México y la influencia directa del activismo latinoamericano.

Por qué importa la palabra que usamos

Nombrar bien no es un ejercicio semántico vacío. Si llamamos femicidio a lo que en realidad es feminicidio —un crimen sostenido por la impunidad estatal—, le quitamos al Estado la responsabilidad que le corresponde. Y si usamos ambos términos como sinónimos intercambiables sin más, perdemos una herramienta conceptual que el feminismo latinoamericano construyó, con enorme esfuerzo político, para exigir algo más que castigar al agresor individual: para exigirle cuentas al sistema completo que permitió que esa violencia ocurriera y quedara impune.

📚 Fuentes:

·         Toledo Vásquez, Patsilí. "Femicide / femicidio / feminicidio: ¿estamos hablando de lo mismo?". Revista Humboldt, Goethe-Institut, mayo de 2021.

·         Pérez de Pineda, Ligia. "Femicidio / feminicidio". Departamento de Educación, Universidad Francisco Marroquín.

·         Stang, María Fernanda. "Matemos a la mujer. El femicidio en Chile desde la perspectiva de la performatividad". Punto Género, N.º 1, 2011.

·         Russell, Diana E. H. y Van de Ven, Nicole (1976). Crimes Against Women: The Proceedings of the International Tribunal.

·         Russell, Diana E. H. y Radford, Jill, eds. (1992). Femicide: The Politics of Woman Killing.

·         Russell, Diana E. H. (2011). "The Origin and Importance of the Term Femicide".

·         Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México (2009).

·         Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994).

·         Muñoz, Adriana (2009). "El proyecto de ley para la tipificación del femicidio en Chile y estado actual del debate parlamentario". En: Tipificación del femicidio en Chile. Un debate abierto. Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.

🔗 Enlaces de interés:

• Goethe-Institut — Femicide / femicidio / feminicidio: ¿estamos hablando de lo mismo?
• UFM — Femicidio / feminicidio
• Diana E. H. Russell — The Origin and Importance of the Term Femicide: el propio relato de Russell sobre el origen del término y su desacuerdo con la traducción "feminicidio".
• Corte IDH — Caso Campo Algodonero vs. México

"El día que la verdad salió de un pique Minero" El estigma como complicidad: a más de dos décadas de las niñas de Alto Hospicio

 

"Las niñas se fueron de sus casas por razones de deserción escolar, de búsqueda de mejores horizontes o de incomunicación con sus padres."

Entre 1998 y 2001, la comuna de Alto Hospicio, en el norte de Chile, se convirtió en el escenario de uno de los capítulos más atroces de nuestra historia reciente. Catorce jóvenes —la gran mayoría adolescentes, habitantes de tomas de terreno, en situación de pobreza— fueron secuestradas, violadas, asesinadas y hechas desaparecer por Julio Pérez Silva, un taxista informal de la zona. Sin embargo, durante años, el asesino no fue el único que borró sus huellas: el Estado, la justicia y los medios de comunicación se encargaron de desaparecerlas socialmente mucho antes de que se encontraran sus cuerpos.

El caso de "las niñas de Alto Hospicio" no es solo la crónica de un asesino en serie; es el reflejo de una violencia estructural donde el prejuicio de clase y el machismo institucional operaron como los mejores aliados de la impunidad.

La construcción del mito oficial: "se fueron por su propia voluntad"

Cuando las familias de las jóvenes —familias obreras, esforzadas, precarizadas en una comuna desértica y postergada— acudieron a las instituciones a denunciar las desapariciones, la respuesta oficial fue un portazo en la cara. Las autoridades de la época instalaron una narrativa tan violenta como el crimen mismo: las niñas no estaban en peligro, simplemente se habían escapado de sus realidades o se dedicaban al comercio sexual.

El entonces intendente de Tarapacá, Jorge Tapia, lo planteó públicamente así:

"Todas ellas han tenido serios problemas familiares, no quieren volver a sus hogares. Es el momento de decirle que deben volver y que nosotros vamos a darle todo el apoyo de distintos niveles de instituciones que pueden ayudarle a salir de distintos problemas que pueden tener."

Y el entonces subsecretario del Interior, Jorge Burgos, fue igual de categórico ante la prensa:

"Al menos dos casos demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver con mala relación con los padres, algunos casos de violencia intrafamiliar... Los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas."

Mientras el poder político emitía estas declaraciones para aplacar la alarma pública, el asesino seguía libre, amparado por un sistema que prefería culpar a la "disfuncionalidad" de los hogares pobres antes que levantar una búsqueda real. Carabineros incluso envió delegaciones a Tacna, Perú, a buscar a las jóvenes en prostíbulos y cabarets. No encontraron ninguna huella, porque nunca estuvieron ahí.

El concepto de la "víctima ideal"

El sociólogo y criminólogo noruego Nils Christie desarrolló en 1986 un concepto que explica con precisión quirúrgica lo que ocurrió en Alto Hospicio: el de la víctima ideal, aquel estatus social que se otorga rápida y legítimamente a quien sufre un delito, y que Christie compara con categorías como "héroe" o "traidor". Para que una persona sea reconocida socialmente como víctima —más allá del hecho fáctico de haber sufrido un delito— debe cumplir con ciertos parámetros: ser percibida como inocente, respetable, y estar en una posición débil pero con la fuerza social suficiente para ser escuchada.

Las jóvenes de Alto Hospicio no cumplían ese perfil no por algo que hubieran hecho, sino por su origen: pobres, habitantes de tomas de terreno, mujeres, adolescentes. Como explica la investigadora Beatriz Sánchez, no es lo mismo ser víctima que ser reconocida como víctima. Para adquirir ese estatus social hay que pasar filtros de reconocimiento que, en este caso, el sistema completo —policial, judicial, político y mediático— se negó a otorgarles.

Los testimonios que lo confirman

Patricia Jabre, madre de Macarena Sánchez, recordaría después haber sido humillada por Carabineros e Investigaciones, quienes insistían en que su hija se había ido voluntariamente de la casa. El caso de la madre de Katherine Arce es todavía más brutal: relató que el suboficial Héctor Arriagada le dijo que no se preocupara, "porque mi hija era bonita, iba a ir a ganar plata fácilmente e iba a estar bien, porque ella, en la situación que vivía, ella necesitaba vestirse bien y todo, porque era señorita".

Años después, el propio cabo de Carabineros Gerhard Schrandt Ferrada, que participó en la investigación, reconocería la negligencia institucional sin rodeos: "Hubo desinterés del Alto Mando, que no dispuso un grupo de investigación serio, al tiro. Tampoco se fiscalizaban las calles principales (...) Nunca se les creyó, no se les dio importancia, porque eran pobres".

Fueron los propios padres y madres —entre ellos, los de Macarena Sánchez y Viviana Garay— quienes, decepcionados por la nula respuesta policial, comenzaron su propia investigación paralela: elaboraron mapas artesanales cruzando los lugares de estudio y residencia de las desaparecidas, viajaron a Santiago a golpear puertas en La Moneda, el Consejo de Defensa del Estado y la Corte Suprema, y se manifestaron frente a la intendencia. La policía, en algún punto, llegó a investigarlos a ellos mismos, buscando antecedentes para inculparlos.

Nombrarlas para hacer justicia histórica

El horror salió a la luz recién el 3 de octubre de 2001, no por la eficacia policial, sino porque Bárbara Núñez, de 13 años, sobrevivió al ataque de Pérez Silva: la amarró de pies y manos y la dejó caer a un pique minero de diecisiete metros, convencido de que moriría con el paso de las horas. Ella logró salir por sus propios medios y llegar hasta la carretera, donde fue auxiliada. Un detalle que ella recordó —unas figurillas de "Bananas en Pijamas" colgando del espejo retrovisor del auto— permitió a Carabineros identificar y detener a Pérez Silva dos días después.

Solo entonces, tras su confesión, comenzó la macabra tarea de ubicar los cuerpos. Los restos de Graciela Saravia y Sara Gómez habían sido hallados poco después de sus homicidios; los del resto de las víctimas fueron apareciendo entre octubre de 2001 y julio de 2002.

Contra el olvido, contra el estigma mediático y contra las declaraciones que las acusaron de abandonar sus hogares, reivindicamos la memoria y los nombres de las catorce víctimas de Alto Hospicio:

• Graciela Montserrat Saravia Tapia, 17 años — 16 de septiembre de 1998
• Ornella Dayana Linares Cepeda, 14 años — 5 de abril de 1999
• Ivón Alexandra Carrillo Lefno, 15 años — 7 de agosto de 1999
• Gisela Ivonne Melgarejo Navarro, 34 años — 2 de febrero de 2000
• Sara Marisol Gómez Cuevas, 18 años — 21 de febrero de 2000
• Angélica Lily Lay Alcayaga, 23 años — 24 de febrero de 2000
• Laura Andrea Zola Henríquez, 14 años — 23 de marzo de 2000
• Katherine Elizabeth Arce Rivera, 16 años — 5 de abril de 2000
• Patricia Edith Palma Valdivia, 17 años — 22 de mayo de 2000
• Macarena Cecilia Montecino Iglesias, 15 años — 30 de junio de 2000
• Viviana Melisa Garay Moena, 16 años — 30 de junio de 2000
• Macarena del Carmen Sánchez Jabre, 13 años — 23 de noviembre de 2000
• Deysi Sara Castro Mamani, 16 años — 22 de mayo de 2001
• Angélica Miryam Palape Castro, 47 años — 23 de agosto de 2001

Justicia aporofóbica y patriarcal

Esta negligencia no fue un error administrativo; fue una decisión política e institucional guiada por el prejuicio de clase y de género. Si catorce adolescentes de los barrios más acomodados de Santiago hubiesen desaparecido en un lapso de tres años, el país se habría paralizado. Pero en Alto Hospicio, el peso de su vulnerabilidad social las volvió prescindibles para un sistema judicial ciego ante el dolor de la periferia.

Julio Pérez Silva fue finalmente condenado el 26 de febrero de 2004 a presidio perpetuo simple por 14 homicidios, dos violaciones y un homicidio frustrado —condena que la Corte Suprema elevó a presidio perpetuo calificado en 2006—. Recién podrá optar a beneficios carcelarios en 2041. El entonces general director de Carabineros reconoció públicamente "algunas equivocaciones", pero nunca hubo responsabilidades políticas ni judiciales para quienes construyeron y sostuvieron durante tres años la hipótesis de la fuga voluntaria.

Memoria feminista

Escribir hoy sobre Alto Hospicio desde un espacio feminista es un acto de justicia histórica. Es recordar que el sesgo de clase mata, que el machismo institucional destruye dignidades, y que la justicia, si solo atiende a quienes tienen poder o encajan en el molde de la "víctima ideal", no es justicia: es un privilegio.

A las niñas de Alto Hospicio no las olvidamos. Su recuerdo permanece vivo para exigir que nunca más el origen social de una mujer sea la excusa del Estado para abandonarla a la violencia más extrema.

📚 Bibliografía:

• Bock, Karin (2018). Reinas de la Pampa. Territorio de reinscripción para catorce feminicidios. Memoria de Magíster en Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
• Carrillo, Cheryl (2005). A la sombra de la impunidad. Santiago.
• Christie, Nils (2013). "La víctima ideal". En: Losa, Juan Francisco (coord.). Vida social, un lenguaje para interpretar. Buenos Aires, Editores del Puerto.
• Errázuriz, Pilar (2018). "Violencia real, violencia simbólica: los crímenes de Alto Hospicio". Nomadías, (6): 142-146.
• Fluxá, Rodrigo (2015). "Julio Pérez Silva. Predador". En: Guerriero, Leila. Los Malos. Ediciones Universidad Diego Portales.
• Leiva, Ricardo (2005). Reinas del desierto: la aterradora historia de los crímenes de Alto Hospicio. Santiago, Planeta.
• Matus, Alejandra (28 de julio de 2018). "Del arresto del sicópata de Alto Hospicio al hallazgo de cuerpos en un pique". The Clinic.
• Sánchez, Beatriz (2021). "La víctima ideal en los delitos de agresión y abuso sexual". Universitas Revista de Filosofía, Derecho y Política, (38).
• Silva, Jimena y Chávez, Loreto (2018). "Testimonios familiares de las adolescentes asesinadas en Alto Hospicio". Nomadías, (6): 109-126.
• Tuozzo, Celina (2003). "Alto Hospicio: el Estado y la violencia de género en Chile". Confluencia, 1(2): 145-156.
• Zúñiga, Diego (29 de septiembre de 2011). "Las madres de Alto Hospicio". Qué Pasa, La Tercera.

🔗 Enlaces de interés:

• El Desconcierto — Alto Hospicio: las heridas que no cierran
• TVN — Réquiem de Chile: Caso Alto Hospicio (documental completo)
• The Clinic — Del arresto del sicópata al hallazgo de cuerpos en un pique

 

Patricia Janečková, la voz eterna que el olvido obscuro jamás podrá silenciar

Hay estrellas que cruzan el firmamento de la cultura con una velocidad que nos desgarra el alma, pero dejando tras de sí una estela de luz tan intensa que es imposible de borrar. La historia de Patricia Burda Janečková (1998–2023) es la de una pureza artística inigualable, una soprano de coloratura eslovaca que conmovió al mundo con su madurez vocal y que, trágicamente, fue arrebatada de los escenarios por una de las enfermedades que más golpea la salud y la corporalidad de las mujeres en todo el planeta: el cáncer de mama.

Apenas tenía 25 años cuando su voz física se apagó, pero su legado permanece intacto, recordándonos la fragilidad de la vida y la inmortalidad del arte hecho desde la verdad del alma.

El despertar de un prodigio: la inocencia y la técnica

Nacida el 18 de junio de 1998 en Münchberg, Alemania, en el seno de una familia de origen eslovaco, Patricia creció en la ciudad checa de Ostrava. Desde muy temprana edad, su relación con el mundo no fue solo a través de las palabras, sino de la vibración del canto. A los cuatro años comenzó a cantar y pronto ingresó al prestigioso Conservatorio Janáček para educar una laringe que parecía tocada por una gracia de otro tiempo.

El mundo entero la conoció en diciembre de 2010. Con solo 12 años, Patricia se presentó en el programa televisivo Talentmania (emitido en la República Checa y Eslovaquia). Lejos de los efectismos comerciales habituales de la televisión, la niña subió al escenario para interpretar arias clásicas con una pulcritud técnica y una sensibilidad interpretativa que dejaron atónitos a los jueces y al público. Se convirtió en la ganadora absoluta y sus videos cruzaron fronteras continentales; incluso la cadena estadounidense CNN emitió sus actuaciones, maravillada ante lo que parecía una anomalía hermosa de la naturaleza: una voz madura, cristalina y celestial habitando el cuerpo de una niña.

Una carrera en ascenso y la conquista del rigor musical

A pesar del éxito mediático temprano —ese que muchas veces devora a los jóvenes talentos—, Patricia se negó a ser catalogada simplemente como una "niña prodigio". Ella amaba el rigor de la música clásica, la sacralidad de la ópera y la profundidad de la música barroca.

En 2014, con solo 16 años, se alzó con el primer premio en el prestigioso Concurso Internacional Musica Sacra en Roma. Dos años más tarde, en 2016, arrasó con tres galardones en el Concurso Internacional de Canto Antonín Dvořák en Karlovy Vary. Su interpretación de "Les oiseaux dans la charmille" (de Los cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach) se transformó en un hito digital, acumulando decenas de millones de reproducciones. Las plataformas se rindieron ante su destreza de soprano de coloratura, capaz de alcanzar notas imposibles con la misma naturalidad con la que se respira.

Se convirtió en solista habitual del Teatro de Moravia y Silesia, deslumbrando en roles complejos como Despina en Così fan tutte de Mozart, y expandiendo su registro hacia los musicales clásicos y la música de cine. Patricia habitaba el escenario con una elegancia serena, devolviéndole a la ópera una frescura juvenil indispensable para el siglo XXI.

El diagnóstico: Juventud no es sinónimo de inmunidad

El destino, sin embargo, guardaba un giro devastador. El 9 de febrero de 2022, Patricia utilizó su cuenta de Instagram para dar un anuncio que congeló el corazón de sus seguidores. A sus 23 años, los médicos le habían diagnosticado cáncer de mama. Sus palabras, impregnadas de dolor, pero también de una valentía inquebrantable, resonaron como un cable a tierra sobre una realidad médica muchas veces invisibilizada:

"Este año debería haber estado lleno de hermosos conciertos y representaciones teatrales. Todo ha cambiado. Hace unos días, los médicos me dijeron que tengo una gran batalla por delante. El cáncer ha estado, está y estará entre nosotros, aunque siempre pensé que juventud es igual a salud. Los resultados de la biopsia mostraron cáncer de mama. Con el corazón encogido, tengo que dejar los escenarios por un tiempo (...) ¡Pero eso no significa que deje de cantar! En cuanto recupere mis fuerzas, cantaré y grabaré para ustedes."

A través de este comunicado, Patricia puso sobre la mesa una verdad urgente desde la perspectiva de la salud pública y de género: el cáncer de mama no discrimina edades. Su diagnóstico rompió el mito de que los cuerpos jóvenes están exentos de la enfermedad, visibilizando la importancia crucial del autoconocimiento, la prevención y el acceso a diagnósticos tempranos en mujeres jóvenes.

Lo que dice la evidencia: cáncer de mama en mujeres jóvenes

El caso de Patricia no es una anomalía aislada. Aunque el cáncer de mama es menos frecuente antes de los 40 años, cuando aparece en mujeres jóvenes suele comportarse de forma más agresiva. Un estudio de la Clínica Mayo, que analizó a más de 46.000 mujeres menores de 40 años con cáncer de mama a través de la Base de Datos Nacional del Cáncer de Estados Unidos, encontró que las pacientes de entre 15 y 29 años presentaban con más frecuencia la enfermedad en estadios avanzados (II o III) que las mujeres de 30 a 49 años, y con subtipos tumorales más agresivos, como el triple negativo y el HER2 positivo.

Una razón central de ese diagnóstico tardío: como las mamografías de rutina no se recomiendan antes de los 40 años en mujeres sin factores de riesgo elevado, el 90% de los casos en menores de 40 se detectan porque la propia mujer nota un nódulo o un cambio en su cuerpo, no por un examen preventivo de rutina. Por eso la principal herramienta de detección temprana disponible para las mujeres jóvenes es, literalmente, conocer su propio cuerpo:

Autoexploración mensual, recomendada desde los 20 años.

·         Examen clínico anual con un profesional de salud, desde los 25 años.

·         Atención a cualquier cambio persistente: nódulos, cambios de forma o textura, secreciones o dolor localizado que no desaparece.

·         Para quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, se recomienda conversar con un médico sobre estudios de imagen o pruebas genéticas incluso antes de los 40 años.

·         En Latinoamérica, distintas fuentes regionales estiman que entre el 11% y el 16% de los casos de cáncer de mama ocurren en mujeres menores de 40 años —una cifra que desmiente por completo la idea de que la juventud es, por sí sola, una forma de protección.

El último acto: Amor, resistencia y transición eterna

 Durante un año y medio, Patricia transitó por los duros senderos de la quimioterapia, la mastectomía y los tratamientos hormonales. A través de sus redes, compartió su proceso con una transparencia conmovedora, mostrándose sin cabello, cansada, pero siempre con una sonrisa que desafiaba a la oscuridad de la clínica. En ese barro de la enfermedad, decidió que su cuerpo no sería solo un territorio de dolor, sino de resistencia afectiva.

En julio de 2023, en medio de una tregua que parecía dar esperanzas, Patricia se casó con el gran amor de su vida, el actor Vlastimil Burda. Fue un acto de celebración absoluta de la vida, de soberanía sobre sus propios días.

Lamentablemente, la agresividad de la enfermedad no dio tregua. El 1 de octubre de 2023, rodeada del cuidado tierno de su esposo y sus seres queridos en Ostrava, la voz de Patricia Janečková se apagó físicamente a los 25 años de edad.

Trascendencia contra el olvido

Hoy rescatamos la memoria de Patricia Janečková no desde la perspectiva del quiebre trágico, sino como el recordatorio de una creadora que, en su breve paso por la tierra, ensanchó los límites de la belleza. Su trágica partida nos compromete a seguir insistiendo en las demandas colectivas por la salud de las mujeres, por investigaciones médicas con perspectiva de género que entiendan las mutaciones tempranas del cáncer y por redes de apoyo para las artistas que quedan desamparadas ante las crisis de salud.

Patricia se fue muy pronto, pero el hilo de plata de su voz sigue suspendido en el aire de los teatros que pisó. Su tinta musical es indeleble. Cada vez que una de sus grabaciones resuena en un altavoz en cualquier rincón del mundo, ella vuelve a sonreír, vuelve a respirar y le gana, de manera definitiva, la batalla al olvido.  

📚 Bibliografía y fuentes:

Salazar, Francisco. "Obituary: Soprano Patricia Burda Janečková Dies at the Age of 25". OperaWire, 2 de octubre de 2023.

Radio Prague International. "Rising opera star Patricia Burda Janečková succumbs to cancer at 25".

Kurian, A.W., et al. Estudio sobre cáncer de mama en mujeres jóvenes. Clínica Mayo, citado en Sociedad Argentina de Mastología (SAM), "Cáncer de mama en jóvenes: es poco frecuente, pero cuando aparece puede ser más agresivo".

Oficina de Transferencia de Conocimiento, Universidad Complutense de Madrid. "Cáncer de mama en mujeres jóvenes, ¿qué hay que tener en cuenta?" (17 de octubre de 2024).

OncoLink. "Preocupaciones sobre el cáncer de mama para mujeres menores de 45 años".

🔗 Enlaces de interés:

• OperaWire — Obituario completo
• Sociedad Argentina de Mastología — Cáncer de mama en jóvenes: artículo con los datos del estudio de la Clínica Mayo.
• Instituto Nacional del Cáncer (EE.UU.) — Detección del cáncer de mama: información oficial en español sobre pruebas de detección.

 

Aborto: una cuestión de salud pública, no de fe

 

Cada 28 de septiembre, organizaciones de todo el mundo conmemoran el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. No es una fecha para debatir dogmas, sino para recordar un hecho que la evidencia médica documenta desde hace décadas: negar el acceso al aborto no elimina el aborto, solo lo vuelve peligroso.

Lo que dice la evidencia, no la creencia

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se practican cerca de 73 millones de abortos en el mundo. La atención integral del aborto está incluida, desde 2020, en la lista de intervenciones esenciales de salud de la propia OMS, que lo describe como una intervención sencilla que puede practicarse de forma segura y eficaz por una amplia variedad de trabajadores de la salud, ya sea farmacológica o quirúrgicamente.

El problema nunca ha sido el procedimiento en sí, sino las condiciones en que se realiza cuando se le criminaliza. Entre el 8% y el 18% de las muertes maternas en el mundo están relacionadas con abortos practicados en condiciones inseguras —es decir, sin el personal ni los estándares médicos mínimos—, y ese porcentaje sube dramáticamente en los países donde el aborto es ilegal o de difícil acceso. La OMS es categórica: la falta de acceso a una asistencia segura, oportuna, asequible y respetuosa para el aborto es un problema de salud pública y de derechos humanos, no una cuestión moral abierta a interpretación religiosa.

Cuando el aborto se discute como pecado en vez de como procedimiento médico, quienes pagan el costo no son las instituciones que lo prohíben, sino los cuerpos de las mujeres y niñas que igual necesitarán interrumpir un embarazo, con o sin ley que las respalde.

Chile: de la prohibición absoluta a las tres causales

Chile tuvo aborto terapéutico legal desde 1931. La dictadura cívico-militar lo prohibió por completo en 1989, en uno de los últimos actos del régimen antes de dejar el poder, dejando al país durante 28 años con una de las legislaciones más restrictivas del mundo —lo que no impidió que las mujeres siguieran abortando: se estima que en 1990 se practicaron entre 160.000 y 200.000 abortos clandestinos en el país.

Recién en 2017, tras casi tres años de discusión legislativa y un fallo del Tribunal Constitucional que rechazó los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por la oposición de la época, se promulgó la Ley N° 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas:

1. Riesgo vital para la mujer: cuando el embarazo pone en peligro su vida. No tiene límite de edad gestacional.
2. Inviabilidad fetal: cuando el embrión o feto padece una patología incompatible con la vida fuera del útero, confirmada por dos diagnósticos médicos especialistas por escrito.
3. Violación: en mujeres mayores de 14 años, dentro de las primeras 12 semanas de gestación; en niñas menores de 14 años, dentro de las primeras 14 semanas.

En ningún caso la ley obliga: es la propia mujer quien decide si se acoge o no a la causal que le corresponde.

Lo que muestran ocho años de ley

Las cifras oficiales del Ministerio de Salud permiten desmentir varios de los augurios que se usaron para intentar frenar la ley en 2017. A siete años de su entrada en vigencia, se habían registrado 5.370 casos a nivel nacional, y en el 85% de ellos la mujer decidió efectivamente interrumpir su embarazo. Contrario a lo que advertían sectores conservadores —que sostenían que la causal de violación se transformaría en una puerta trasera al "aborto libre"—, esta ha sido sistemáticamente la causal menos invocada en los ocho años de vigencia de la ley; la causal de inviabilidad fetal ha sido, históricamente, la más utilizada.

Sin embargo, hay una tendencia reciente que preocupa: un estudio de la Universidad Alberto Hurtado identificó un aumento explosivo de la causal de violación desde 2022, llegando a representar el 36,3% de los casos en 2024 —una cifra que los investigadores correlacionan con el aumento de la violencia sexual, especialmente contra menores de edad. Esto no es un fracaso de la ley: es la ley funcionando como red de contención frente a un problema de violencia que existe con o sin legislación de aborto.

Persisten, eso sí, brechas reales de acceso: distintos estudios estiman que hasta un 70% de la población chilena desconoce o conoce solo parcialmente los protocolos para acceder a la ley, y la objeción de conciencia de profesionales e instituciones sigue siendo, en la práctica, una barrera de acceso en varias regiones del país.

Un tema médico, no un tema de fe

La discusión pública sobre el aborto en Chile —y en gran parte de América Latina— se sigue librando muchas veces en términos religiosos: pecado, vida desde la concepción, objeción de conciencia institucional. Pero la evidencia acumulada por organismos de salud durante décadas apunta en una sola dirección: el aborto es, antes que cualquier otra cosa, un procedimiento médico, y tratarlo como un problema moral no reduce su ocurrencia, solo determina si se realiza en condiciones seguras o en la clandestinidad.

Como plantea la propia Organización Mundial de la Salud, prevenir las muertes maternas evitables exige que todas las mujeres, incluidas las adolescentes, tengan acceso a anticonceptivos, a servicios de aborto seguro dentro de los márgenes que permite la ley, y a atención de calidad después del procedimiento. Eso no es una posición ideológica: es política pública basada en evidencia.

Un aborto seguro salva vidas. Uno clandestino, las pone en riesgo. Esa diferencia no la determina la fe de quien legisla, sino el acceso real a la salud.

📚 Fuentes

• Organización Mundial de la Salud (OMS). "Aborto" (ficha informativa, actualizada 2025).
• Organización Mundial de la Salud (OMS). "Mortalidad materna" (ficha informativa).
• Ministerio de Salud de Chile. "Ley N° 21.030 — Información para la ciudadanía".
• Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile. "Siete años de la Ley IVE: 85% de las mujeres y niñas en alguna de las tres causales han decidido interrumpir su embarazo".
• CIPER Chile (enero 2025). "La violación es la causal menos invocada para la interrupción del embarazo en siete años de vigencia de la ley".
• Crespo, F. A. (2026). "Interrupción voluntaria del embarazo con tres causales, evolución y proyecciones". Observatorio Económico, Universidad Alberto Hurtado.
• Wikipedia. "Aborto en Chile" y "Aborto inseguro".

🔗 Enlaces de interés

• Ministerio de Salud de Chile — Ley N° 21.030: información oficial y detallada sobre las tres causales y cómo acceder a ellas.
• OMS — Ficha informativa sobre el aborto
• CIPER Chile — Estadísticas de siete años de la Ley 21.030
• Biblioteca del Congreso Nacional — Texto completo de la Ley 21.030